Caso Deicy Jiménez: alerta de seguridad y 40 testimonios
El caso Deicy Jiménez afronta una nueva etapa tras confirmarse que la principal denunciante se quedó sin representación legal debido a motivos de seguridad. El penalista Felipe Caballero decidió renunciar a su defensa jurídica a menos de una semana de haber asistido a una comparecencia ante la Sala de Instrucción judicial en Bogotá.
La renuncia de la defensa en el caso Deicy Jiménez
La dimisión del profesional del derecho se oficializó pocos días después de que la testigo rindiera su testimonio preliminar. A raíz de esta determinación, la diligencia que estaba programada para este martes ante los fiscales delegados fue suspendida temporalmente, impidiendo que la ciudadana continuara con el cronograma de declaraciones que se había establecido en las sedes judiciales.
Felipe Caballero había asumido la representación técnica apenas unos días antes de la audiencia celebrada el pasado 29 de octubre. En aquella sesión, que se prolongó por cerca de tres horas y media, la testigo ratificó cada una de sus afirmaciones originales frente a los magistrados investigadores y autorizó la entrega de su teléfono celular con el propósito de que los peritos de la Policía Judicial extraigan las evidencias digitales correspondientes.
La salida del jurista responde directamente a advertencias sobre presuntos hostigamientos contra los familiares de la testigo y al desarrollo de una supuesta campaña orientada a desacreditarla. El litigante manifestó públicamente su preocupación por la integridad física de la declarante, señalando que la presión ejercida sobre su entorno dificultaba continuar con la labor jurídica sin garantías plenas de protección en el marco del caso Deicy Jiménez.
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¿Qué denuncian los testimonios sobre las cuotas laborales?
Las acusaciones centrales que originaron este proceso apuntan a un esquema irregular en el que diversas mujeres habrían accedido a contratos estatales tras sostener encuentros de carácter privado con el mandatario Gustavo Petro. De acuerdo con las afirmaciones suministradas por la testigo dentro del caso Deicy Jiménez, entre 30 y 40 personas habrían resultado involucradas en dinámicas similares de vinculación laboral remunerada con recursos públicos.
En declaraciones ofrecidas al medio periodístico Semana, la denunciante explicó que conoció a Petro en 2019, época en la que él se desempeñaba como senador de la República. Según su relato, tras un primer contacto concertado a través de una plataforma para adultos, comenzó a recibir contratos estatales que presuntamente eran facilitados por el entonces congresista como retribución personal.
La mujer también aseveró que durante esos años se le solicitó conseguir sustancias ilícitas como cocaína, asegurando que recibía los recursos financieros para adquirirlas y transportarlas. En el material presentado a la opinión pública se divulgaron capturas de pantalla de conversaciones sostenidas a través de perfiles falsos en redes sociales, en las cuales se mencionaban gestiones para puestos laborales de planta en notarías y diversas dependencias del Estado.
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Diligencias ante la Corte Suprema de Justicia y comparecencias
Durante la diligencia cumplida la semana anterior ante la Corte Suprema de Justicia, los magistrados instructores verificaron las condiciones emocionales y físicas de la declarante antes de iniciar el interrogatorio. A pesar de los señalamientos de intimidación, la mujer optó por responder a los cuestionamientos formulados por los togados y por el abogado de la contraparte, ratificando la voluntad de cooperar con las autoridades judiciales vinculadas al caso Deicy Jiménez.
Antes de apartarse formalmente de la defensa en el caso Deicy Jiménez, Caballero indicó ante los medios de comunicación que la testigo mantendrá su disposición de asistir a cada llamado oficial. El profesional del derecho aseguró que no descarta la vinculación de otros altos funcionarios o exfuncionarios cobijados con fuero constitucional a medida que avancen las pesquisas institucionales.
El litigante también argumentó que este caso podría propiciar nuevas denuncias de personas que vivieron situaciones parecidas. De acuerdo con sus apreciaciones, una vez que la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Corte Suprema de Justicia otorguen las condiciones necesarias, aumentará la cantidad de testimonios que decidan exponer irregularidades relacionadas con la asignación indebida de contratos estatales.
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Medidas de protección institucional y futuro del proceso
Frente al impacto de las declaraciones en el caso Deicy Jiménez y las alertas de riesgo sobre la integridad de la testigo, las autoridades del orden nacional comenzaron a implementar mecanismos especiales. El ministro de Justicia, Iván Cancino, y la Unidad Nacional de Protección confirmaron la activación de una ruta preventiva de seguridad para salvaguardar la vida de Jiménez y de su círculo familiar más cercano.
Ambas entidades gubernamentales comunicaron que ejecutarán las valoraciones pertinentes para asegurar su integridad personal en todo el territorio nacional. La preservación de su integridad resulta indispensable para que el material contenido en su teléfono móvil pueda ser incorporado formalmente por la Policía Judicial dentro de la cadena de custodia de la investigación.
La reactivación de las diligencias testimoniales quedará supeditada a la designación de un nuevo representante legal. La llegada de un nuevo profesional permitirá reanudar los interrogatorios pendientes en la Fiscalía y garantizar el debido proceso en el desarrollo del caso Deicy Jiménez, mientras los órganos de control analizan los documentos y mensajes entregados para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias pertinentes.
Fuente: elcolombiano.com
