Política de vivienda en 2026: un debate necesario
La política de vivienda en Colombia afronta una discusión clave entre congresistas, el Gobierno nacional y directivos del sector financiero para reactivar la construcción durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol. Los participantes coincidieron en diseñar esquemas duraderos que faciliten la compra de inmuebles sin depender exclusivamente de los aportes presupuestales del Estado.
¿Qué propuestas buscan transformar el acceso habitacional?
Durante el encuentro gremial, representantes del sector bancario y legisladores presentaron iniciativas orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario mediante ajustes crediticios. Entre las principales alternativas destaca la necesidad de reducir las tasas de interés para aliviar la carga financiera de los compradores, además de revisar las exigencias actuales para la aprobación de préstamos.
Los participantes plantearon un paquete de medidas para incentivar la adquisición de inmuebles:
- Establecer garantías públicas para mitigar el riesgo crediticio en nuevos proyectos.
- Retomar incentivos al ahorro destinados a completar la cuota inicial de las familias.
- Fijar subsidios a las tasas de interés con el fin de disminuir el valor de las cuotas mensuales.
- Extender los plazos de financiación y evaluar préstamos que cubran más del 80% del costo del inmueble.
- Articular el trabajo con alcaldías y gobernaciones para habilitar suelo urbanizable.
La necesidad de una política de vivienda de Estado
Varios legisladores insistieron en que las decisiones del sector deben trascender los períodos presidenciales y consolidar metas estables a largo plazo. En ese sentido, se advirtió sobre la disminución presupuestal para el sector, cuyos recursos pasarían de $1,7 billones a montos menores en los próximos años, lo que hace urgente recuperar programas como Mi Casa Ya.
Desde el Congreso también se propuso crear mecanismos permanentes como el Sistema Nacional de Transformación Territorial, cuyo propósito es coordinar la inversión nacional con las administraciones regionales sin requerir nuevas entidades burocráticas. La meta de este planteamiento es blindar la política de vivienda frente a los cambios de administración y garantizar presupuestos plurianuales para proyectos estratégicos.
Financiación, cuotas y condiciones del crédito
Los directivos bancarios señalaron que el encarecimiento de los créditos hipotecarios ha frenado el ritmo de ventas. Reducir los intereses desde el actual 15% hacia niveles cercanos al 11% o 12% permitiría reanimar la demanda de los hogares que hoy no logran el cierre financiero para escriturar sus propiedades.
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Asimismo, los expertos destacaron que los subsidios de vivienda resultan insuficientes si las familias no cuentan con ahorros para cubrir la cuota inicial exigida por las normas financieras. Por ello, se sugirió reactivar los beneficios tributarios en cuentas de ahorro programado y fondos de inversión, herramientas que perdieron fuerza en años recientes pero que facilitan la disciplina financiera requerida para adquirir casa propia.
Otra alternativa planteada por entidades como Bancolombia consiste en aplicar garantías públicas temporales mediante entidades de respaldo institucional. Este mecanismo permitiría a las entidades financieras prestar en mejores condiciones a los constructores sin que el Estado deba desembolsar de inmediato la totalidad de los recursos de los créditos hipotecarios respaldados.
Perspectivas y retos para el sector constructor
La brecha entre la demanda habitacional y la edificación continúa ensanchándose en el territorio nacional. Mientras el país construye anualmente cerca de 112.000 unidades residenciales, cada año se constituyen aproximadamente 280.000 nuevos hogares, una disparidad que presiona al alza los precios inmobiliarios si la oferta no se incrementa con rapidez.
Para cerrar este rezago, los líderes del sector consideran indispensable que la política de vivienda incorpore fuentes complementarias de financiamiento, como recursos de cajas de compensación y regalías. Al mismo tiempo, el gremio constructor y las autoridades deberán coordinar la simplificación de trámites urbanísticos y la actualización de los planes de ordenamiento territorial para asegurar un flujo constante de obras en todo el país.
Fuente: elcolombiano.com
