Auditoría de Prosperidad Social: 23 casos en reporte oficial
La auditoría de Prosperidad Social detectó presuntas irregularidades en el trámite de 23 designaciones provisionales efectuadas al cierre del gobierno de Gustavo Petro. El informe interno de la entidad estatal señaló fallas en la publicidad de los actos administrativos y en los controles previos a las respectivas posesiones antes del cambio gubernamental.
El documento de control interno, identificado bajo la referencia AE-01-2026, analizó las vinculaciones formalizadas entre el 4 y el 6 de agosto de 2026. Según el reporte institucional divulgado el 17 de noviembre, los procedimientos examinados no constituyen una sanción disciplinaria, sino un diagnóstico técnico que debe ser evaluado por las autoridades competentes.
Publicación extemporánea de resoluciones y afectación a derechos laborales
Uno de los hallazgos centrales consignados en la auditoría de Prosperidad Social indica que ninguna de las resoluciones de designación se hizo pública antes del acto de posesión. Esta falta de publicidad previa impidió que el personal conociera con antelación las vacantes disponibles en la estructura de la entidad.
De acuerdo con el informe oficial, un total de 14 servidores asumieron sus funciones el 6 de agosto, cuatro días antes de que los actos administrativos fueran puestos en conocimiento público. La entidad explicó que este desfase cronológico vulneró la posibilidad de que los servidores de carrera pudieran reclamar formalmente su derecho preferencial sobre esas plazas.
La normativa laboral del sector público establece que el mecanismo de provisión preferente busca proteger la estabilidad de quienes han ganado su lugar por mérito. Al materializarse las posesiones sin publicación oportuna, se limitó la opción legal de solicitar el encargo antes de que los nombramientos provisionales se hicieran efectivos en la planta.
¿Qué irregularidades detectó la auditoría de Prosperidad Social en los trámites?
El informe de control interno detalló fallas sustanciales en la cadena de elaboración técnica de los actos administrativos. La auditoría de Prosperidad Social documentó que el entonces director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, firmó 10 resoluciones sin agotar las revisiones técnicas habituales del área de talento humano.
Los registros institucionales evidencian que dichos documentos suscritos fueron remitidos por correo electrónico el 6 de agosto para continuar con su trámite formal. Asimismo, el examen identificó otros 8 nombramientos expedidos sin culminar el procedimiento regular orientado a salvaguardar los derechos de los empleados de planta.
La entidad aclaró que estos números corresponden a observaciones diversas dentro de una misma muestra de nombramientos provisionales. De hecho, el equipo técnico de provisión debió reconstruir con posterioridad la correspondencia de los cargos vinculados, debido a tropiezos administrativos para obtener la documentación original desde el despacho directivo.
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Dentro de los casos examinados figuran seis personas que trabajaban directamente en el despacho del exdirector, entre ellas dos secretarias y 4 asesores. Estos colaboradores fueron ubicados en dependencias estratégicas como la Secretaría General, Talento Humano, Contratación y las direcciones misionales de Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria.
Origen de la revisión interna y alertas sindicales
El proceso de inspección fue ordenado por la actual directora de la institución, Sandra Suárez Pérez, tras la radicación de 34 quejas formales por parte de trabajadores y del Sindicato de Empleados del Sector Social, Siessocial. Las inconformidades señalaban un presunto favorecimiento en la asignación de empleos de planta durante los últimos días de la administración anterior.
A través de la auditoría de Prosperidad Social, la administración actual buscó verificar si las quejas gremiales tenían sustento documental en los expedientes de personal. Las alertas de Siessocial apuntaban a que los servidores de carrera habrían quedado desplazados frente a designaciones de carácter transitorio suscritas de forma acelerada.
La dirección aseguró que las actuaciones adelantadas respetaron las garantías del debido proceso para todos los servidores involucrados en las resoluciones. El comunicado institucional precisó que el reporte elaborado por el área de control interno no incorpora declaraciones ni respuestas formales del exdirector frente a las observaciones registradas.
Riesgos jurídicos y traslado a los organismos de control
La auditoría de Prosperidad Social advirtió sobre la posibilidad de que la institución deba afrontar demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta situación representaría contingencias legales complejas si los servidores de carrera afectados deciden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar los puestos ocupados de manera irregular.
Frente a este escenario, la entidad confirmó que remitirá copias integrales del expediente a los organismos de control correspondientes. Las investigaciones quedarán en manos de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación para que determinen si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o administrativas.
Corresponderá a los organismos de control definir si las omisiones en los controles y en la publicidad de los nombramientos provisionales vulneraron la ley. La dirección de la entidad subrayó que el trámite no representa una condena judicial anticipada, sino una acción preventiva para velar por la legalidad de los procesos administrativos y la transparencia en la gestión pública.
Fuente: minuto30.com



