Buque cárcel: Gobierno evalúa aislar a cabecillas
El Gobierno evalúa un buque cárcel para aislar a cabecillas criminales, mientras 20 internos son trasladados a Bogotá.
El Gobierno nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las Fuerzas Militares avanzan en la evaluación de una estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad que contempla la posibilidad de utilizar un buque cárcel para aislar a cabecillas de organizaciones criminales. La iniciativa hace parte de un paquete de decisiones orientadas a reforzar la seguridad, la convivencia y el control penitenciario, con especial énfasis en la región del Atlántico.
La propuesta, conocida como Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), busca articular las capacidades del Inpec con las de la Armada de Colombia, con el objetivo central de impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicación o vínculos operativos con estructuras criminales que continúan delinquiendo por fuera de los establecimientos penitenciarios.
¿En qué consiste la estrategia REMAS?
El eje más llamativo de la propuesta es la posible instalación de un buque destinado específicamente a la reclusión y aislamiento de cabecillas considerados de alta peligrosidad. La idea, según se conoció, es crear un espacio especial con mayores controles sobre los movimientos, los contactos y las comunicaciones de estas personas, reduciendo así su capacidad de seguir impartiendo órdenes desde prisión.
De acuerdo con el planteamiento conocido, el buque cárcel formaría parte de una respuesta directa a los riesgos que se mantienen desde algunos centros penitenciarios tradicionales, donde internos pueden conservar canales de comunicación con redes criminales activas. La preocupación de las autoridades apunta específicamente a órdenes impartidas desde prisión, coordinación de delitos, posibles operaciones de rescate y presión sobre territorios controlados por estas estructuras.
La estrategia tiene como antecedente el uso de mecanismos similares aplicados anteriormente a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, entre los casos mencionados figura el de Diego Fernando Montoya Sánchez, alias “Don Diego”. Aunque el Gobierno no ha detallado todavía la ubicación, capacidad o condiciones operativas del eventual buque, la discusión marca una línea de endurecimiento en el manejo penitenciario de cabecillas criminales.
¿Qué traslados se ordenaron hacia Bogotá?
Paralelamente a la evaluación del esquema marítimo, el Gobierno ordenó nuevos traslados de personas privadas de la libertad desde Barranquilla. El presidente Abelardo de la Espriella informó que, por instrucción directa suya, el Inpec ejecuta el traslado de 20 internos: diez que permanecían en estaciones de Policía y otros diez que se encontraban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.
Según la información entregada por el Gobierno, estas personas están siendo movilizadas hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad y con apoyo de la Fuerza Pública, en una operación diseñada para evitar fugas, intentos de rescate o atentados durante los desplazamientos. Una vez lleguen a la capital, los internos serán distribuidos durante los siguientes 15 días en diferentes establecimientos penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.
Refuerzo al control de comunicaciones ilícitas
Otro componente anunciado dentro de esta estrategia integral es el refuerzo al control de las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios en la región del Atlántico. Para ello, se plantea trasladar a la Policía Nacional la operación de los sistemas inhibidores de señal, con participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los operadores de telefonía móvil del país.
Este componente resulta clave dentro de la estrategia general, en la medida en que las autoridades buscan bloquear los canales que actualmente permiten mantener coordinación criminal desde prisión. La combinación de traslados, aislamiento, inhibidores de señal y la eventual reclusión marítima apunta a reducir de manera significativa la capacidad de mando que conservan los cabecillas sobre estructuras criminales que operan fuera de los centros penitenciarios.
¿Cuál es el contexto de esta discusión?
La propuesta fue discutida durante un Consejo de Seguridad realizado en la región del Atlántico, donde se definieron distintas acciones orientadas a fortalecer el orden público. Dentro de ese paquete más amplio de medidas aparece la estrategia REMAS, que por ahora se mantiene en fase de evaluación técnica, jurídica y operativa por parte de las entidades involucradas.
El avance de esta iniciativa dependerá de las decisiones que adopten conjuntamente el Gobierno Nacional, el Inpec y las Fuerzas Militares para determinar si el proyecto del buque cárcel se convierte finalmente en una herramienta real dentro del sistema penitenciario colombiano, en un contexto marcado por el interés de la actual administración en endurecer el control sobre estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles del país.
