Tensión entre el Gobierno Nacional y el gobernador de Nariño: De la Espriella lanza fuerte advertencia
Una fuerte tensión sacude la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. La Casa de Nariño prohibió contactos con grupos armados ilegales y reactivó órdenes judiciales.
La creciente tensión entre la Presidencia de la República y las administraciones seccionales alcanzó su punto más álgido durante las últimas horas. Desde la sede del poder ejecutivo, el presidente Abelardo de la Espriella emitió un contundente pronunciamiento en el que señaló de forma directa al mandatario seccional de Nariño, Luis Alfonso Escobar, advirtiendo que ninguna autoridad regional cuenta con facultades legales para entablar acercamientos, diálogos o pactos con estructuras armadas organizadas al margen de la ley.
El choque institucional evidencia el profundo viraje en las directrices de seguridad nacional tras el relevo presidencial. Mientras la administración anterior promovió un esquema descentralizado de concertación territorial, la nueva jefatura de Estado ordenó desmontar los canales de negociación que, según sus evaluaciones estratégicas, sirvieron para el fortalecimiento logístico y militar de los grupos ilegales. En ese escenario, la postura del mandatario nariñense, estrechamente ligado a las directrices de la oposición y defensor visible de las mesas de paz, desató una abierta confrontación política.
El origen de la tensión política y la advertencia presidencial
Durante una intervención pública centrada en la política de orden público, De la Espriella fijó una postura tajante frente a las atribuciones de los gobernantes locales. Refiriéndose puntualmente a la administración nariñense, el jefe de Estado advirtió: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”. La declaración buscó trazar una línea restrictiva frente a cualquier iniciativa de interlocución que no cuente con la autorización expresa y exclusiva de la Presidencia de la República.
La molestia del Ejecutivo radica en el protagonismo que tuvo Escobar durante las fases previas de negociación, habiendo integrado delegaciones formales de diálogo en el exterior e impulsado conversaciones con facciones como Comuneros del Sur en su territorio. No obstante, la actual administración central determinó suspender formalmente esos espacios de diálogo y solicitó a los despachos judiciales correspondientes la reactivación de las órdenes de captura contra los integrantes de dichas estructuras irregulares.
Frente a las advertencias, el gobernador Escobar negó categóricamente haber incurrido en conductas indebidas o en acercamientos clandestinos por fuera de la ley. El mandatario departamental sostuvo que todas sus intervenciones pasadas se desarrollaron bajo el amparo de la normativa entonces vigente y los decretos presidenciales de la administración anterior, argumentando que las dinámicas de desescalamiento del conflicto armado lograron en su momento la desmovilización de combatientes en el suroccidente del país.
Asimismo, Escobar señaló que, a pesar de no contar con una interlocución directa con el presidente de la República, su despacho acatará las órdenes constitucionales en materia de defensa. No obstante, en los círculos políticos capitalinos se interpreta que las fricciones trascienden el ámbito del orden público y responden a una fuerte pugna ideológica, dado que el mandatario de Nariño es una de las figuras más visibles del movimiento político de oposición en las regiones.
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El episodio provocó además la reacción de dirigentes de la oposición, quienes sugirieron movilizaciones ciudadanas en el sur del país para respaldar la gestión seccional. Sin embargo, desde los ministerios de Defensa e Interior se reiteró que la conducción de las operaciones militares y la potestad para entablar eventuales diálogos de paz son exclusivas del primer mandatario, anticipando un estricto control sobre las actuaciones de los gobernadores en zonas de conflicto.
