Visas revocadas por EE. UU.: senadora Martha Peralta y empresario Euclides Torres sancionados por Washington
Visas revocadas por el Gobierno de Estados Unidos alcanzaron a la senadora Martha Peralta, al empresario Euclides Torres y a sus núcleos familiares. La medida del Departamento de Estado se enmarca en la política de restricciones contra actores señalados de corrupción en la región.
Bogotá, Cundinamarca, 28 de septiembre de 2026. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la diplomacia norteamericana informaron una sanción consular de alto impacto que afectará el panorama político e institucional en el Congreso de la República. El Gobierno estadounidense revocó formalmente las visas de ingreso a su territorio a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, perteneciente al Pacto Histórico y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, extendiendo la restricción a sus familiares directos, según informaron fuentes oficiales de Washington.
La determinación se ampara en los lineamientos de política exterior fijados bajo la administración del presidente Donald Trump para frenar el ingreso de ciudadanos extranjeros vinculados a presuntos esquemas de corrupción o narcotráfico. De acuerdo con el dictamen de las autoridades norteamericanas, las sanciones se sustentan en compromisos multilaterales orientados a neutralizar prácticas que socaven la estabilidad y legitimidad de administraciones democráticas en el continente.
¿Cuáles argumentos y mecanismos diplomáticos sustentan la decisión de Washington?
La cancelación del beneficio de viaje se ejecutó como parte de los acuerdos derivados de la alianza denominada “Escudo de las Américas”, establecida a inicios de 2026 para coordinar bloqueos judiciales y financieros a nivel hemisférico. El reporte diplomático precisó que la medida no es aislada para Colombia, pues también cobija a magistrados, jueces y funcionarios estatales de países como Bolivia, Perú y Ecuador involucrados en expedientes de irregularidades administrativas.
A través de un pronunciamiento oficial, la diplomacia estadounidense recalcó que los involucrados en desvío de dineros o favorecimiento ilícito ya no podrán transitar libremente hacia su jurisdicción. La medida incluye la prohibición de emitir nuevos visados a cónyuges e hijos directos de los sancionados, endureciendo el cerco migratorio sobre figuras públicas vinculadas a investigaciones sobre financiación de campañas políticas y contratos de infraestructura energética.
Datos clave de las sanciones consulares
- Ciudadanos colombianos sancionados: Senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y empresario Euclides Antonio Torres Romero.
- Alcance de la sanción: Revocatoria total de visas de turismo y negocios para los titulares y familiares directos.
- Marco normativo y geopolítico: Alianza regional “Escudo de las Américas”.
- Entidad requirente: Departamento de Estado de los Estados Unidos.
- Causal invocada: Acciones de corrupción que socavan gobiernos elegidos democráticamente.
- Alcance continental: Medida extendida a funcionarios y operadores judiciales de Perú, Bolivia y Ecuador.
- Cargo legislativo afectado: Senadora de la República por la bancada de gobierno (MAIS / Pacto Histórico).
- Fuente oficial: Departamento de Estado de los Estados Unidos y misiones consulares.
¿Qué declararon las autoridades del Departamento de Estado?
Los voceros del gobierno norteamericano fueron enfáticos respecto a la severidad del régimen de visados en la región: “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos. Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región. Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, señalaron en su comunicación oficial.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos en Bogotá?
Desde la capital, donde sesiona el Congreso de la República y se concentra el debate legislativo sobre las reformas estructurales del país, la sanción estadounidense eleva la presión política y ética sobre las bancadas parlamentarias. Este tipo de medidas consulares internacionales reactiva los llamados de control político y veeduría ciudadana sobre la transparencia de la financiación electoral y los contratos públicos, recordando que la credibilidad de las instituciones radicadas en Bogotá incide de manera directa en la confianza económica y las relaciones bilaterales de la nación.
Contexto: la alianza Escudo de las Américas y las sanciones por corrupción
La revocatoria de visas bajo la sección consular norteamericana es una potestad soberana y discrecional que Washington utiliza para castigar conductas de funcionarios y particulares que, a juicio de sus agencias federales de inteligencia, están vinculados al lavado de activos o desfalcos estatales. Con el endurecimiento de la iniciativa “Escudo de las Américas”, los expedientes remitidos por fiscales y veedurías del continente son evaluados con mayor rigurosidad para suspender el estatus migratorio a líderes políticos sin necesidad de esperar condenas penales definitivas.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son las personalidades colombianas afectadas por la pérdida de la visa?
La senadora de la República Martha Peralta (MAIS/Pacto Histórico) y el empresario de servicios y contratación Euclides Torres.
¿La revocatoria de visas aplica únicamente a los titulares?
No, el Departamento de Estado confirmó que la sanción consular cobija también a sus familiares directos.
¿Qué causales argumentó el Gobierno de Estados Unidos?
Invocó acciones de presunta corrupción y narcotráfico que atentan contra la institucionalidad y los gobiernos democráticos en el hemisferio.
¿Qué otros países resultaron impactados con restricciones similares?
La administración estadounidense incluyó en este paquete de suspensiones a jueces y funcionarios de Perú, Bolivia y Ecuador.
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Las comisiones de ética del Congreso y las cancillerías correspondientes estarán atentas al desarrollo de las notificaciones diplomáticas formales emitidas desde la embajada estadounidense.
