Acuerdo de Paz: balance a 10 años y un reto necesario
Acuerdo de Paz y su implementación centraron el pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la sede de la entidad en Bogotá. Durante la conmemoración de los diez años del pacto con las antiguas Farc, la funcionaria rechazó que la violencia territorial actual sea consecuencia directa de lo suscrito en el documento.
Balance histórico y logros del Acuerdo de Paz
Durante el evento conmemorativo en la sede de la Defensoría del Pueblo, la funcionaria expuso datos concretos sobre la dejación de armas. Marín Ortiz recordó que las Farc ya no existen como estructura armada en el país, luego de que más de 13.000 personas dejaran las armas y se lograra la extracción territorial de 37 toneladas de material bélico.
En este sentido, se resaltó que cerca de 11.000 excombatientes continúan comprometidos con el proceso de reincorporación a la vida civil. Para la defensora, la abrumadora mayoría de quienes integraron las filas armadas mantiene su determinación de convivir bajo las reglas democráticas del Estado, evidenciando que el Acuerdo de Paz generó transformaciones estructurales en las regiones más golpeadas históricamente por el conflicto armado.
En materia de protección a la vida, los balances oficiales e investigaciones independientes evidencian descensos notables en los principales indicadores de criminalidad:
- Las muertes y las personas heridas por causas ligadas a la confrontación disminuyeron más del 50 %, registrando en 2017 la tasa de homicidios más reducida en muchos años según la Comisión de la Verdad y estudios del instituto Pares.
- Los secuestros cayeron un 70 % a nivel nacional durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019.
- Los atentados armados contra la infraestructura disminuyeron un 81,2 % entre 2013 y 2017.
- Los homicidios dirigidos contra miembros de la fuerza pública se redujeron un 74,6 % entre enero de 2011 y agosto de 2021.
¿Por qué persiste la violencia en los territorios?
Al abordar la persistencia de las agresiones en diversas zonas rurales, la defensora explicó que la criminalidad actual no proviene de lo pactado, sino del rezago institucional en la ejecución de los puntos acordados. Marín Ortiz recalcó que el Acuerdo de Paz planteó soluciones de fondo sobre el acceso a tierras, la erradicación del problema de las drogas y la participación política sin represalias, elementos indispensables para que la nación deje de reciclar sus violencias históricas.
La defensora describió el panorama contemporáneo de derechos humanos y protección ambiental como alarmante para la estabilidad ciudadana. De acuerdo con las cifras institucionales, más de un tercio de los municipios del país mantiene alertas tempranas vigentes por riesgos extremos para las comunidades, amenazadas por desplazamientos masivos, confinamientos, masacres, homicidios de líderes sociales, ataques con drones, artefactos explosivos y reclutamiento ilícito de menores.
La dinámica armada actual, explicó Marín Ortiz, responde a grupos que buscan el control de rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Entre estas estructuras destaca el Clan del Golfo, con la mayor presencia territorial del país y originado a partir del reciclaje de las antiguas AUC. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo enfatizó que la inseguridad existente no desacredita el Acuerdo de Paz, sino que representa el argumento más sólido para acelerar su cumplimiento total.
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Desigualdad territorial y responsabilidades de los firmantes
La desigualdad social y económica fue identificada en la intervención como el factor principal que alimenta la persistencia del conflicto en el territorio colombiano. La defensora argumentó que esta brecha se manifiesta fundamentalmente entre los centros urbanos y las zonas rurales, donde el Estado aún mantiene una deuda considerable con las víctimas, motivo por el cual el Acuerdo de Paz buscó reparar dichas asimetrías históricas.
En un apartado de su discurso dirigido específicamente a los antiguos líderes guerrilleros, Marín Ortiz solicitó una postura ética frente a las víctimas del conflicto. Les exigió demostrar un arrepentimiento genuino y asumir plenamente la responsabilidad por los daños provocados a las comunidades, ratificando su compromiso con el proceso de reincorporación y los estándares de justicia restaurativa fijados por la ley.
Asimismo, la defensora insistió en que la consolidación de la reconciliación comunitaria no admite personalismos ni proyectos partidistas individuales. El Acuerdo de Paz pertenece a la ciudadanía de las regiones afectadas, abarcando tanto a los votantes del sí como a quienes votaron por el no, por lo que su sostenimiento no depende de la voluntad aislada de un partido, de un gobierno o de una organización armada extinta.
Continuidad estatal frente al Acuerdo de Paz
El cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2016 ha demandado una continuidad institucional a través de distintos mandatos presidenciales. Marín Ortiz recordó que tres presidentes han asumido la obligación de ejecutar lo pactado: Iván Duque y Gustavo Petro continuaron con la implementación desde sus perspectivas políticas particulares, y actualmente el desafío de conducir este proceso recae sobre De la Espriella.
A pesar de atravesar tres orillas ideológicas diversas, el Acuerdo de Paz se sostiene como una obligación vinculante para el Estado colombiano. La funcionaria subrayó que cualquier gobierno cuenta con la facultad legítima de ajustar o corregir las medidas que no estén funcionando de forma óptima, pero aclaró enfáticamente que ninguna administración tiene permitido suspender el cumplimiento de sus deberes legales.
Para concluir, la Defensoría del Pueblo instó a que los debates públicos sobre los contenidos y el grado de ejecución del pacto se desarrollen siempre por la senda de la contribución y la defensa de los derechos colectivos. De acuerdo con el organismo, salvaguardar el Acuerdo de Paz es indispensable para atender de manera prioritaria las urgencias de la población civil y afianzar la presencia integral de la institucionalidad en cada región.
Fuente: eltiempo.com
