Avalúos catastrales: el reclamo necesario contra 3 normas
Política

Avalúos catastrales: el reclamo necesario contra 3 normas

Nov 17, 2026

Los avalúos catastrales enfrentan un fuerte cuestionamiento en el Congreso de la República, luego de que el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño solicitara al Gobierno derogar tres normativas técnicas. La petición busca frenar nuevos incrementos tributarios desmedidos antes de que termine el año 2026.

El impacto de los avalúos catastrales en los contribuyentes

La controversia se intensificó tras el respaldo de Briceño a los reclamos que ha venido liderando el Centro Democrático en el territorio nacional. Según los sectores inconformes, las actualizaciones aplicadas en diversas regiones han derivado en cobros desproporcionados que afectan directamente el patrimonio de las familias colombianas tanto en sectores urbanos como rurales.

El debate se centra en los valores asignados a los predios, los cuales sirven como base directa para liquidar el impuesto predial en cada municipio. El congresista bogotano argumentó que diversos propietarios han reportado incrementos que superan el 1.000 % en sus obligaciones fiscales, una cifra que calificó de insostenible para la economía de los hogares.

Frente a este panorama, se ha señalado que los avalúos catastrales se convirtieron en cargas confiscatorias en diferentes zonas del país. Por tal motivo, los sectores que impulsan el reclamo sostienen que resulta urgente revisar las metodologías aplicadas para calcular el valor de los bienes inmuebles antes de que se emitan nuevas facturaciones.

¿Qué medidas solicita el representante Daniel Briceño?

A través de sus canales oficiales, el legislador formalizó un llamado directo al presidente Abelardo De La Espriella para que el Ejecutivo intervenga de manera inmediata frente a los avalúos catastrales. Su solicitud se enfoca en anular los actos administrativos expedidos por las entidades gubernamentales que sirvieron de base para estas alzas.

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Puntualmente, el congresista exige dejar sin efecto tres resoluciones del IGAC que estructuraron los incrementos aplicados recientemente en el país. A su juicio, permitir la vigencia de estos instrumentos jurídicos mantendría un esquema de cobro lesivo que perjudica a los contribuyentes sin contemplar su capacidad económica real.

Las tres normas que buscan ser derogadas

La solicitud legislativa detalla con precisión cuáles son las disposiciones gubernamentales que originaron las alzas en los avalúos catastrales. Estas medidas abarcan tanto la formulación técnica inicial como los reajustes periódicos aplicados en cientos de localidades del país:

  • La Resolución 1912 de 2024, encargada de fijar la metodología oficial para ejecutar los ajustes técnicos.
  • La Resolución 2144 de 2024, mediante la cual se determinaron los aumentos tarifarios proyectados para 2025.
  • La Resolución 2057 de 2025, disposición que formalizó las alzas automáticas aplicables a un total de 527 municipios.

De acuerdo con lo expresado por Briceño, estas determinaciones oficiales derivaron en cálculos erróneos que distorsionaron la realidad económica de los inmuebles. Al cuestionar la actualización catastral que se adelantó bajo los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo del mandato previo, el congresista insistió en que el Estado no puede avalar mediciones desproporcionadas.

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El representante advirtió que mantener vigentes estas resoluciones del IGAC obligaría a las administraciones locales a expedir cobros con incrementos desmedidos. Por ende, la derogatoria de los tres actos administrativos se plantea como el único camino inmediato para proteger las finanzas de los ciudadanos.

El plazo límite y los respaldos políticos de la iniciativa

El factor temporal juega un papel determinante en esta discusión legislativa sobre los avalúos catastrales. Los alcaldes de los distintos municipios del país deben preparar la facturación tributaria en pocas semanas, por lo que las decisiones del Gobierno nacional no admiten mayores dilaciones.

Por este motivo, Briceño estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para que el Ejecutivo formalice la derogación o suspensión de las directrices cuestionadas. De no concretarse esta medida antes de que finalice el año, las autoridades municipales aplicarán nuevamente las fórmulas vigentes al momento de liquidar el impuesto predial en 2027.

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La postura del representante coincide con la manifestada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, quien anunció que su bancada insistirá en un proyecto legislativo orientado a brindar alivio a los propietarios de bienes raíces. Uribe calificó la situación actual como una pesada carga económica y alertó sobre la existencia de cobros confiscatorios en diversas zonas del territorio.

Antecedentes y próximos pasos en el debate fiscal

La petición radicada no se restringe a una sola bancada política, pues cuenta con el respaldo y las firmas de representantes a la Cámara pertenecientes a distintas colectividades. Este apoyo multipartidista busca presionar una respuesta ágil del Gobierno frente a las quejas ciudadanas que continúan acumulándose por cuenta de los avalúos catastrales.

Asimismo, el congresista recordó que durante la contienda electoral existieron compromisos específicos por parte del actual mandatario Abelardo De La Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Ante esto, los sectores demandantes exigen el cumplimiento de la palabra empeñada para evitar que el impuesto predial profundice las dificultades económicas de la población.

Con la cercanía del cierre del periodo anual, el Congreso espera una definición del Gobierno sobre la aplicación técnica de los avalúos catastrales. La decisión que adopte el Ejecutivo frente a las resoluciones del IGAC marcará el rumbo fiscal de cientos de municipios y determinará la cuantía de los tributos que deberán asumir los colombianos durante el próximo año.

Fuente: semana.com

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