Los polémicos nombramientos notariales de Petro
Política

Los polémicos nombramientos notariales de Petro

Ago 19, 2026

Petro firmó nueve decretos que designaron a fichas cercanas al petrismo en notarías de Bogotá y otras regiones antes de dejar el cargo.

En medio de la transición institucional y a tan solo dos días de expirar el mandato del expresidente Gustavo Petro, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, entonces bajo la dirección de Cielo Rusinque, expidieron un paquete de nueve decretos que encendió la polémica nacional. Las normativas formalizaron la designación de diversos funcionarios, excongresistas y fichas cercanas al petrismo en notarías clave distribuidas por distintas regiones del país, una jugada administrativa que generó fuertes cuestionamientos de varios sectores políticos y del actual Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Uno de los nombramientos que más revuelo causó fue el de Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones y persona cercana al exdirector de esa entidad, Jaime Dussán, quien asumió el control de la notaría 78 de Bogotá. A este caso se sumó el de Íngrid Paola Ortiz, designada en la notaría 74 de la capital, cuyo nombramiento llamó la atención por ser la esposa de Camilo Andrés Pardo, un funcionario cercano a Guillermo Alfonso Jaramillo que duró apenas 24 horas como secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura en la administración actual antes de renunciar tras revelarse sus vínculos con el Gobierno anterior.

La lista de designaciones de última hora también incluyó a figuras de alto perfil político, como el exsenador de la Alianza Verde Inti Raúl Asprilla, quien llegó a la notaría segunda de Soacha, Cundinamarca, tras la vacante generada por el retiro forzoso de su anterior titular. Asimismo, en la recién creada notaría 82 de Bogotá, ubicada en la zona comercial de San Victorino, fue nombrado Jacobo Torres Amaya, un despacho cuya creación había sido relacionada previamente con gestiones de congresistas del Pacto Histórico.

El abanico de nombramientos se extendió también a otras regiones del país, con la llegada de Tatiana Arévalo Uribe, cónyuge del dirigente petrista Nicolás Corso Salamanca, a la notaría 9 de Bucaramanga. A esto se sumaron las designaciones de Oriana Melo Gaviria en Palmira, Hilton Alexander Gutiérrez Alvarado en Nobsa, Jorge Alberto Rey Zafra en Cartagena e Irma Susana Caballero Moreno en Rionegro.

Ante los intensos cuestionamientos públicos sobre una eventual repartición de cargos notariales en los últimos días de la administración saliente, tanto los implicados como las entidades del sector salieron a defender los procesos. Paola Palmariny aseguró públicamente que su llegada al despacho no respondió a cuotas políticas, sino al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos en su hoja de vida, y calificó los señalamientos en su contra como injuriosos. En la misma línea, desde la Superintendencia de Notariado y Registro se explicó que los movimientos obedecieron a necesidades del servicio institucional y a la falta de un listado consolidado de elegibles, situación derivada de las complicaciones históricas y los cuestionamientos que han rodeado los concursos notariales en el país.

El caso se suma a otros episodios de tensión entre el actual y el anterior Gobierno en las últimas semanas, en momentos en que la administración de Abelardo De La Espriella ha buscado marcar distancia frente a decisiones tomadas en los días finales del mandato de Petro. Esta controversia se conoce además en paralelo a otros hechos que han mantenido la atención pública sobre la transición de gobierno, como la presentación del denominado “libro de la verdad” y las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre presuntas irregularidades durante el proceso de empalme entre ambas administraciones.

La polémica por los nombramientos notariales de última hora refleja además una discusión más amplia sobre la transparencia en los concursos de notarías en Colombia, un mecanismo que históricamente ha estado rodeado de cuestionamientos por la falta de listados actualizados de elegibles y por la discrecionalidad con la que, en distintos momentos, se han realizado designaciones de este tipo en el país.

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