Fotomultas: el costo que debate el Concejo de Bogotá

Cada cámara de fotomulta en Bogotá cuesta $417 millones. Con 81 dispositivos, el gasto total supera los $33.777 millones.

El costo de instalación de las cámaras de fotomultas en Bogotá se convirtió en uno de los temas más debatidos dentro del Concejo de la ciudad, luego de que un cabildante revelara las cifras exactas que la administración distrital ha destinado a la implementación de estos dispositivos de fotodetección instalados en distintos corredores viales de la capital.

Desde que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán anunció la puesta en marcha de estas cámaras, varios funcionarios distritales han manifestado públicamente su rechazo a la medida, cuestionando tanto su efectividad real en la reducción de siniestros viales como el monto de recursos públicos comprometidos en su instalación y operación.

¿Quién ha liderado el rechazo a las cámaras?

Uno de los concejales que con mayor insistencia ha expresado su desacuerdo es el cabildante Julián Forero, quien ha solicitado formalmente suspender la entrada en operación y la actividad sancionatoria de las cámaras ya autorizadas para funcionar en la ciudad. Forero ha señalado en repetidas ocasiones que estos dispositivos se han convertido en un mecanismo de recaudo que, según su criterio, opera sin garantías suficientes para los conductores bogotanos.

El concejal fue enfático al afirmar que Bogotá necesita vías en buen estado, semáforos inteligentes y una movilidad eficiente, y cuestionó que la prioridad de la administración distrital parezca concentrarse en ampliar la red de cámaras para imponer más comparendos, en lugar de destinar los mismos recursos a reparar la malla vial y corregir los puntos críticos donde ocurren los siniestros de tránsito.

¿Cuánto cuesta realmente cada cámara?

A través de una respuesta obtenida por derecho de petición ante la Secretaría de Movilidad, Forero logró desglosar los componentes que explican el costo total de cada dispositivo. Entre los elementos que integran el valor final se encuentran el dispositivo principal de detección, la estructura metálica de soporte, la adecuación e instalación, el sistema de respaldo de energía, el sistema de puesta a tierra, la red eléctrica, la protección eléctrica y el correspondiente impuesto al valor agregado.

Con base en estos componentes, el concejal reveló que el costo de instalación de una sola cámara de fotomulta asciende a 417 millones de pesos. Teniendo en cuenta que, según cifras aportadas por la concejal Rocío Dussán, la ciudad cuenta actualmente con 81 dispositivos de este tipo, el valor total invertido se eleva a 33.777 millones de pesos, una cifra que ha generado cuestionamientos sobre la prioridad de estos gastos frente a otras necesidades de movilidad de la capital.

El llamado al Gobierno Nacional

Además de cuestionar los costos, Forero hizo un llamado directo al presidente Abelardo De la Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que verifiquen que las cámaras instaladas cumplan con los criterios técnicos, jurídicos y de seguridad vial exigidos por la normativa vigente. El concejal ha insistido en que la verificación de estos requisitos es fundamental para garantizar que el sistema opere dentro del marco legal correspondiente.

En sus redes sociales, el cabildante también ha compartido de manera reiterada los montos que representa la implementación de estas unidades, buscando visibilizar ante la ciudadanía el impacto económico de la medida y generar presión política para su revisión.

¿Qué dicen las cifras sobre la efectividad de las cámaras?

Pese a la polémica generada en el Concejo, existen datos que respaldan el uso de este tipo de tecnología como herramienta de seguridad vial. En las zonas de Bogotá donde están instaladas las cámaras de fotodetección, se ha registrado una reducción del 19 % en los siniestros viales con fallecimientos, tomando como referencia el promedio de los años 2022 y 2023, cifra que la administración distrital suele citar como argumento a favor de la ampliación del sistema.

Esta tensión entre los costos económicos que representa la instalación de las cámaras y los beneficios documentados en materia de reducción de siniestralidad vial mantiene abierto el debate político en el Concejo de Bogotá, donde diversos sectores buscan encontrar un punto de equilibrio entre la seguridad de los conductores y peatones, y el uso responsable de los recursos públicos destinados a movilidad.

Un debate que sigue abierto

La discusión sobre las cámaras de fotomultas no es nueva en la capital, pero la revelación de estas cifras específicas ha reavivado el debate en el Concejo distrital, donde algunos cabildantes insisten en que la prioridad de la administración debería estar en mejorar la infraestructura vial existente, mientras otros defienden la tecnología de fotodetección como una herramienta efectiva para salvar vidas en las vías bogotanas.

Mientras el debate continúa, la administración distrital no ha anunciado hasta el momento cambios en su política de instalación y operación de cámaras de fotomulta, por lo que se espera que la discusión se mantenga activa en las próximas sesiones del Concejo de Bogotá.