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Desde Bogotá, el presidente Abelardo De la Espriella anunció el fin del diálogo de paz iniciado por Gustavo Petro con tres organizaciones armadas ilegales, al asegurar que no existe voluntad real de reinserción ni sometimiento a la justicia.
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó este domingo, desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, la terminación del diálogo de paz que su antecesor, Gustavo Petro, había iniciado con tres grupos armados ilegales. La decisión marca un giro significativo en la política de seguridad del nuevo Gobierno frente al enfoque negociador que caracterizó a la administración anterior.
¿Qué argumentó el presidente para romper el diálogo de paz?
En una alocución oficial, el mandatario explicó que la decisión responde a que estas organizaciones armadas no muestran una voluntad real y verificable de paz. Según sus palabras, no existe voluntad de reinserción a la vida civil ni de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener abiertas las mesas de negociación, un argumento central en el discurso presidencial para sustentar la ruptura formal de los diálogos.
El viernes previo al anuncio, De la Espriella ya había revocado los nombramientos de los representantes del Gobierno y los reconocimientos otorgados a los delegados de la contraparte en los diálogos enmarcados en la llamada “paz total”, específicamente con dos disidencias de las antiguas Farc: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), además de con la organización paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
¿Quiénes son los grupos armados con los que se rompió el diálogo?
El EMBF formó parte originalmente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, aunque se separó de esa estructura en 2024 debido a su negativa a continuar los diálogos de paz que en ese momento adelantaba el Gobierno Petro. La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia, resultado de divisiones internas, y actualmente reúne a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y a los Comandos de Frontera (CDF).
El presidente calificó las negociaciones adelantadas por el Gobierno anterior como “la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”, y fue enfático al señalar que no permitirá que la palabra paz continúe siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad.
¿Qué pasó con la política de “paz total” implementada por Petro?
La política de “paz total”, proyecto insignia del Gobierno de Gustavo Petro, venía naufragando desde meses atrás debido al fracaso de los diálogos con distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el propio Estado Mayor Central, negociaciones que habían sido suspendidas por el mismo Petro, alegando falta de voluntad de paz por parte de esas organizaciones.
Esta ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con distintas disidencias de las Farc, así como procesos de sometimiento a la justicia para bandas criminales como el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal del país, aunque los resultados obtenidos durante los diálogos fueron calificados como insuficientes por la nueva administración liderada por De la Espriella.
El mandatario aseguró que quienes persistan en las armas y en el crimen “encontrarán en frente toda la capacidad legítima del Estado”, una advertencia directa dirigida a las estructuras armadas que continúan operando en distintas regiones del territorio colombiano. “Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho”, sentenció el presidente durante su intervención pública.
Un cambio de estrategia con impacto nacional desde la capital
Esta decisión presidencial, anunciada desde Bogotá, sede del Gobierno nacional, marca un punto de inflexión en la manera en que el país enfrentará su relación con los grupos armados ilegales durante los próximos meses. El anuncio se produce en un contexto en el que distintas regiones de Colombia continúan enfrentando disputas territoriales entre estructuras criminales por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, un panorama que la nueva administración busca enfrentar bajo un enfoque más orientado hacia la ofensiva militar y judicial que hacia la negociación política.
Con este anuncio, el Gobierno de De la Espriella deja claro que su estrategia de seguridad se apartará del modelo de “paz total” implementado por la administración anterior, priorizando en cambio el fortalecimiento de la capacidad institucional y militar del Estado frente a las organizaciones armadas que, según el propio mandatario, no han demostrado una voluntad real de abandonar la violencia y someterse a la justicia colombiana.
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